En Baja California, el Congreso del Estado avanza en la conformación de una Ley Indígena mediante la realización de foros de consulta con comunidades originarias. El propósito central de esta iniciativa es asegurar la presencia obligatoria de traductores e intérpretes acreditados en procesos judiciales y administrativos. Esta medida pretende proteger los derechos humanos de integrantes de pueblos originarios y comunidades ubicadas en municipios clave como Tijuana, Ensenada y San Quintín. Además, el proyecto incluye mecanismos para impedir que personas no autorizadas usurpen la identidad indígena en candidaturas a cargos de elección popular, una problemática que, aunque evidente, no siempre recibe la atención que merece. Tras concluir las mesas de trabajo con representantes locales, la propuesta será dictaminada y enviada a votación en el pleno de la legislatura estatal. Parece una iniciativa bienvenida, aunque queda por ver si los compromisos legales se traducen en acciones efectivas o si quedarán en buenas intenciones más adornadas que implementadas.