La reubicación de las oficinas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Tijuana ha provocado un auténtico caos burocrático. La falta de planificación y preparación técnica ha derivado en filas monumentales, colapso de sistemas informáticos y retrasos significativos en la entrega de escrituras y certificados.
Decenas de usuarios, entre ellos gestores inmobiliarios, han reportado la ausencia total de señalización adecuada, ventanillas insuficientes para la atención y la casi inexistente presencia de personal capacitado para explicar el proceso de entrega de turnos. La inesperada mudanza no solo ha desorganizado el proceso, sino que también ha convertido un trámite que debería ser ágil en una verdadera odisea diaria bajo las inclemencias del sol.
Además, colegios de abogados y notarios han expresado su disgusto por la inauguración del nuevo inmueble sin que contara con la conectividad técnica necesaria para operar eficientemente, algo que parecería elemental para una institución de esta naturaleza. La consecuencia directa es que los contribuyentes enfrentan largas horas de espera y múltiples inconvenientes, lo que pone en evidencia una pésima coordinación administrativa a cargo de las autoridades estatales.
Decenas de usuarios, entre ellos gestores inmobiliarios, han reportado la ausencia total de señalización adecuada, ventanillas insuficientes para la atención y la casi inexistente presencia de personal capacitado para explicar el proceso de entrega de turnos. La inesperada mudanza no solo ha desorganizado el proceso, sino que también ha convertido un trámite que debería ser ágil en una verdadera odisea diaria bajo las inclemencias del sol.
Además, colegios de abogados y notarios han expresado su disgusto por la inauguración del nuevo inmueble sin que contara con la conectividad técnica necesaria para operar eficientemente, algo que parecería elemental para una institución de esta naturaleza. La consecuencia directa es que los contribuyentes enfrentan largas horas de espera y múltiples inconvenientes, lo que pone en evidencia una pésima coordinación administrativa a cargo de las autoridades estatales.

