El plazo para vincular las líneas de telefonía celular con la Clave Única de Registro de Población (CURP) llegó a su fin, y con ello se desató un colapso tecnológico que afectó a miles de usuarios en Baja California. Las plataformas digitales de las compañías telefónicas sucumbieron ante la avalancha de trámites, presentando fallas constantes y dejando a muchos clientes en la incertidumbre sobre el estado de sus registros.

Si bien la intención oficial es fortalecer el control y la seguridad en el uso de líneas celulares, especialistas del sector han señalado que esta medida masiva tiene limitaciones evidentes. En primer lugar, la saturación de los servidores revela la poca capacidad operativa para manejar procesos de esta magnitud. Más allá de las molestias técnicas, expertos advierten que la validación masiva no detiene los delitos de extorsión provenientes de penales, donde se emplean chips no regulados que operan al margen de cualquier sistema de registro.

Así, mientras miles de usuarios batallan para cumplir con el trámite ineludible y las plataformas se vuelven inestables, el crimen organizado sigue encontrando vacíos legales y tecnológicos para operar libremente. Parece que la conexión entre burocracia y seguridad no solo se traba en los servidores, sino también en la efectividad de las estrategias gubernamentales.