Baja California enfrenta actualmente una complicada situación económica tras confirmarse el cierre de 4 mil 813 empresas formales en la región. Estos números reflejan un duro golpe al tejido empresarial, especialmente en sectores comerciales y de servicios de ciudades clave como Tijuana. La caída en el consumo interno, combinada con los crecientes costos de producción y cambios en las inversiones, ha provocado un ambiente poco favorable para la continuidad de negocios. Analistas del sector privado advierten que la carga tributaria, las dificultades en el financiamiento y los ajustes en las cadenas de suministro internacionales han mermado la liquidez de las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales constituyen el motor de la economía local. Por su parte, las cámaras empresariales han hecho un llamado a los tres niveles de gobierno para que implementen programas de incentivos fiscales, simplifiquen trámites burocráticos y busquen atraer inversiones. Sin embargo, no es la primera vez que se escuchan estas peticiones, lo que invita a cuestionar la capacidad o voluntad gubernamental para actuar eficazmente ante una problemática que se agrava día a día. La zona fronteriza, pese a su potencial, parece quedar atrapada en un círculo vicioso donde las medidas tardías o insuficientes solo profundizan las dificultades del sector productivo.