Las bancadas de PAN, PRI y Morena en el Congreso de Nuevo León establecieron condiciones claras antes de sentarse a discutir con el Gobierno estatal el paquete presupuestal para el ejercicio fiscal 2026. Los coordinadores parlamentarios señalaron que no hay mesa de diálogo si primero no se acredita legalmente a los funcionarios del Ejecutivo responsables de la Tesorería, así como que se salden las participaciones retenidas a varios municipios del estado.

Más allá de la formalidad, los legisladores pusieron el freno a cualquier negociación que incluya montos excesivos de financiamiento o nuevo endeudamiento público. Insisten en que las futuras conversaciones sean transparentes y se concentren en rubros esenciales como movilidad urbana, seguridad pública e infraestructura hospitalaria.

El hecho de que aun se discuta la validez de funcionarios y la devolución de recursos retenidos pinta un panorama burocrático que poco invita a la confianza. Sin embargo, la reticencia a aceptar nuevas deudas o gastos exagerados parece sensata en un contexto donde los presupuestos muchas veces terminan más en promesas que en resultados concretos. Habrá que ver si el Ejecutivo y el Legislativo logran superar estos claroscuros para avanzar en beneficio de Nuevo León o si el presupuesto 2026 se estanca entre condicionamientos y discursos.