En un curioso contraste que revela mucho sobre la política regional, el Congreso de Baja California ha sido señalado como el organismo legislativo estatal más caro de México. Con un presupuesto anual que supera los mil 200 millones de pesos, cada uno de los 25 diputados locales representa un gasto cercano a los 48 millones de pesos. Esta cifra incluye partidas que han llamado la atención por su aparente exceso, como más de cuatro millones de pesos destinados únicamente a café, galletas, agua e hielos para las oficinas de los legisladores.

Mientras se proclama la austeridad republicana como bandera, los datos duros hablan de un gasto que se aleja mucho de esa retórica. Ante las críticas públicas y la exposición mediática, los mismos diputados respondieron que “es un buen momento para analizarlo”, frase que ha quedado en el aire mientras los cafés de origen público siguen siendo servidos calientitos, financiados con recursos del erario.

Este caso expone la paradoja de algunas administraciones donde la austeridad aparece en discursos pero se diluye en gastos millonarios que difícilmente justifican una buena gestión pública en tiempos donde se espera un uso más responsable y transparente del dinero ciudadano.