Los integrantes de la Septuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León retomaron sus periodos ordinarios de sesiones con un objetivo prioritario: la discusión, análisis y eventual votación del Paquete Fiscal 2026. La reanudación ocurre después de varios meses operando con un presupuesto prorrogado, una situación que si bien es común en la región, no deja de posar sobre los hombros legislativos una carga de trabajo acumulada y retrasos administrativos poco justificables.

Las comisiones unidas de Hacienda y Presupuesto acordaron iniciar mesas de trabajo conjuntas con representantes del Poder Ejecutivo para revisar aspectos clave como los topes de endeudamiento y la reasignación de partidas presupuestales destinadas a sectores cruciales como la movilidad y la seguridad pública. Estas mesas de diálogo parecen una medida necesaria para evitar que el presupuesto eficiente quede solo en el papel, aunque cabe preguntarse si la prórroga del presupuesto no refleja una falta de previsión o simplemente la rutina de aplazar lo urgente.

Por otra parte, diversas organizaciones de la sociedad civil han vuelto a alzar la voz para urgir a los legisladores a desempolvar y dictaminar más de dos mil expedientes e iniciativas ciudadanas que permanecen retenidos en comisiones legislativas. Dicha acumulación de pendientes evidencia una evidente lentitud en el trabajo legislativo que, tristemente, suele influir directamente en las respuestas a las demandas ciudadanas. En este contexto, el reinicio formal de sesiones se percibe tanto como una obligación institucional como una oportunidad para demostrar que el Congreso puede ser más ágil y eficiente en sus procesos.