A propuesta del diputado Diego Echevarría Ibarra, el Pleno exhortó a la Fiscalía General del Estado y al Poder Ejecutivo estatal a implementar acciones urgentes para esclarecer los atentados contra agentes y fortalecer sus condiciones de seguridad.
El legislador advirtió que las agresiones ocurridas mientras algunos policías se encontraban fuera de servicio muestran el nivel de vulnerabilidad que enfrentan los elementos cuando terminan su jornada laboral.
Cuestionan falta de protección fuera de servicio
Echevarría recordó que anteriormente impulsó una reforma para permitir que los policías pudieran portar su arma de cargo fuera de servicio como medida de protección personal.
La propuesta, presentada junto con el diputado Juan Manuel Molina, fue impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y posteriormente invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que el Estado invadía facultades federales relacionadas con la regulación de armas de fuego.
Ante esta situación, el diputado cuestionó la falta de modificaciones desde el Congreso de la Unión para atender el problema.
Policías enfrentan desventaja frente al crimen organizado
Otro de los puntos señalados por Echevarría fue la diferencia en capacidad de fuego entre las corporaciones policiales y grupos del crimen organizado.
El legislador sostuvo que algunas organizaciones criminales utilizan armamento moderno y dispositivos capaces de modificar fusiles para realizar disparos automáticos, mientras que policías estatales y municipales trabajan con mayores restricciones en el uso de sus armas.
Por ello, el exhorto contempla solicitar al Gobierno de Baja California gestionar ante la Secretaría de la Defensa Nacional una actualización de la licencia oficial colectiva para fortalecer el equipamiento de determinadas unidades operativas y de reacción.
Piden investigación exhaustiva
El Congreso solicitó también a la Fiscalía General del Estado, encabezada por María Elena Andrade Ramírez, realizar una investigación exhaustiva y transparente sobre los atentados cometidos contra integrantes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.
El objetivo es identificar y llevar ante la justicia tanto a los responsables materiales como a quienes pudieran haber ordenado los ataques.
Asimismo, se pidió a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda revisar y fortalecer los protocolos de seguridad para los cuerpos policiales, además de las prestaciones y mecanismos de protección destinados a las familias de los agentes.
El exhorto fue publicado por el propio Congreso de Baja California el 4 de julio de 2026.
El legislador advirtió que las agresiones ocurridas mientras algunos policías se encontraban fuera de servicio muestran el nivel de vulnerabilidad que enfrentan los elementos cuando terminan su jornada laboral.
Cuestionan falta de protección fuera de servicio
Echevarría recordó que anteriormente impulsó una reforma para permitir que los policías pudieran portar su arma de cargo fuera de servicio como medida de protección personal.
La propuesta, presentada junto con el diputado Juan Manuel Molina, fue impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y posteriormente invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que el Estado invadía facultades federales relacionadas con la regulación de armas de fuego.
Ante esta situación, el diputado cuestionó la falta de modificaciones desde el Congreso de la Unión para atender el problema.
Policías enfrentan desventaja frente al crimen organizado
Otro de los puntos señalados por Echevarría fue la diferencia en capacidad de fuego entre las corporaciones policiales y grupos del crimen organizado.
El legislador sostuvo que algunas organizaciones criminales utilizan armamento moderno y dispositivos capaces de modificar fusiles para realizar disparos automáticos, mientras que policías estatales y municipales trabajan con mayores restricciones en el uso de sus armas.
Por ello, el exhorto contempla solicitar al Gobierno de Baja California gestionar ante la Secretaría de la Defensa Nacional una actualización de la licencia oficial colectiva para fortalecer el equipamiento de determinadas unidades operativas y de reacción.
Piden investigación exhaustiva
El Congreso solicitó también a la Fiscalía General del Estado, encabezada por María Elena Andrade Ramírez, realizar una investigación exhaustiva y transparente sobre los atentados cometidos contra integrantes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.
El objetivo es identificar y llevar ante la justicia tanto a los responsables materiales como a quienes pudieran haber ordenado los ataques.
Asimismo, se pidió a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda revisar y fortalecer los protocolos de seguridad para los cuerpos policiales, además de las prestaciones y mecanismos de protección destinados a las familias de los agentes.
El exhorto fue publicado por el propio Congreso de Baja California el 4 de julio de 2026.