La diputada local Michelle Alejandra Tejeda Medina presentó ante el pleno del Congreso de Baja California una iniciativa que busca garantizar la accesibilidad en todos los módulos de atención al público y dependencias gubernamentales de la entidad. La reforma legislativa propone que dichos espacios cuenten obligatoriamente con infraestructura física adaptada, señalética inclusiva y personal capacitado en lengua de señas mexicana, con el objetivo de asegurar una atención digna e integral para las personas con discapacidad.

En un panorama donde la accesibilidad suele ser tratada como un extra opcional y no como un derecho básico, la propuesta de Tejeda Medina parece más que necesaria. Sin embargo, queda la incómoda duda sobre cuántas dependencias y módulos de atención cumplen actualmente con estas medidas. La insistencia en convertir estas adaptaciones en una obligación legal es un recordatorio de que, hasta ahora, el respeto a estos derechos ha dependido más de la voluntad que de la normativa.

Implementar estos cambios podría no solo mejorar la calidad de servicio para un sector vulnerable de la población, sino también evitar que la inclusión siga siendo un apartado olvidado en la agenda pública. El reto entonces será que esta buena intención se traduzca en hechos concretos y no quede solo en discursos o promesas de campaña.