Un grupo de ciudadanos, activistas y miembros de organizaciones civiles se reunieron en Ensenada para formalizar un comité dedicado a apoyar la solicitud de prisión domiciliaria para el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien permanece recluido en un centro penitenciario federal. Durante la asamblea, los promotores denunciaron supuestas irregularidades en la atención médica y las condiciones en las que se encuentra el exmandatario estatal, argumentando la necesidad de un beneficio humanitario basado en su salud. El comité anunció que organizará movilizaciones pacíficas y emprenderá acciones legales en las ciudades de Tijuana, Mexicali y Ensenada. Su objetivo es hacer visible el caso a nivel nacional e internacional, especialmente ante organismos de derechos humanos, y exigir a las autoridades federales que respeten el debido proceso y garanticen la protección integral de las garantías individuales del exgobernador. Resulta interesante cómo, en medio de tantos casos bajo la lupa pública, justamente los defensores de la ley y el orden ahora reclaman por deficiencias que, irónicamente, podrían reflejar problemas sistémicos que afectan a muchos otros presos menos “ilustres”. En este escenario, la movilización por Ruffo Appel añade un matiz peculiar a la discusión sobre justicia y trato dentro del sistema penitenciario federal.