Varias diputadas y funcionarias del gobierno de Baja California han señalado que la ausencia de sus declaraciones patrimoniales obligatorias se debe a problemas técnicos de compatibilidad y fallas en la plataforma digital del estado. Esta explicación surge luego de que los plazos legales para la publicación de dicha información expiraran sin que se completara la rendición de cuentas. La Secretaría de la Honestidad reconoció las dificultades y aseguró que trabaja para resolver los inconvenientes y poner a disposición la información pendiente. La justificación, aunque oficial, ha generado comentarios irónicos entre la opinión pública, pues no es la primera vez que los servidores públicos atribuyen retrasos en transparencia a fallas informáticas justo cuando vencen los plazos legales establecidos desde hace años. La situación deja en evidencia los retos que enfrenta el gobierno para cumplir con las normativas de transparencia y pone en duda la genuina voluntad de rendir cuentas de manera oportuna.