Durante seis largos meses, una madre de Mexicali pegó carteles, rastreó zonas desérticas y vivió la angustia de no saber dónde estaba su hijo desaparecido. Todo ese tiempo, la Fiscalía General del Estado mantuvo el expediente sin darle aviso a la familia, pues el joven se encontraba internado en un centro de rehabilitación oficial. La Unidad Especializada en Desapariciones tenía conocimiento del ingreso del joven desde el principio, pero un error administrativo impidió comunicar la situación a los familiares. Esta triste historia ilustra cómo la burocracia y la falta de coordinación dentro de las dependencias públicas pueden agravar el sufrimiento de quienes buscan respuestas. Mientras la madre se desgastaba en una búsqueda que parecía interminable, la justicia guardaba silencio, literalmente, en sus archivos.