La propuesta plantea que las políticas públicas relacionadas con vivienda, movilidad, espacios públicos y desarrollo territorial coloquen a las personas como eje principal de la planeación urbana.
De acuerdo con la legisladora, el Derecho a la Ciudad implica que todas las personas puedan habitar, utilizar y disfrutar ciudades seguras, justas, accesibles y sostenibles.
Buscan poner límites al crecimiento urbano desordenado
El paquete legislativo contempla también una modificación a la Ley de Desarrollo Urbano de Baja California mediante la incorporación de un nuevo artículo 3 BIS.
Con esta modificación se pretende establecer criterios más claros para combatir el crecimiento urbano desarticulado, uno de los problemas que durante años ha generado dificultades de movilidad, servicios públicos e infraestructura en diferentes municipios del estado.
La iniciativa contempla que los planes de desarrollo urbano incorporen principios de equidad, inclusión, sustentabilidad ambiental y resiliencia ante riesgos.
También plantea incorporar de manera obligatoria la perspectiva de género y la accesibilidad universal dentro de la planeación territorial.
Prioridad para peatones y ciclistas
Otro de los puntos de la propuesta es modificar el modelo tradicional de movilidad centrado principalmente en el automóvil.
La iniciativa busca fortalecer la infraestructura peatonal y ciclista, además de proteger los espacios públicos y evitar que terrenos destinados al uso comunitario desaparezcan ante proyectos particulares.
También establece medidas para proteger áreas de conservación ambiental y terrenos considerados de alta calidad agropecuaria.
Sánchez Allende sostuvo que las ciudades deben desarrollarse pensando primero en las necesidades de las personas y no únicamente en los intereses relacionados con el mercado inmobiliario.
Reforma cambiaría reglas de desarrollo urbano
Al tratarse de una modificación constitucional, la iniciativa tendría efectos directos sobre futuras políticas y programas de desarrollo urbano en Baja California.
La propuesta también pretende armonizar la legislación estatal con disposiciones federales y principios internacionales impulsados por ONU-Hábitat relacionados con ciudades sostenibles, accesibles e incluyentes.
De avanzar la reforma, los gobiernos estatal y municipales tendrían mayores obligaciones jurídicas para garantizar acceso equitativo a servicios públicos, vivienda, movilidad y espacios urbanos adecuados.
De acuerdo con la legisladora, el Derecho a la Ciudad implica que todas las personas puedan habitar, utilizar y disfrutar ciudades seguras, justas, accesibles y sostenibles.
Buscan poner límites al crecimiento urbano desordenado
El paquete legislativo contempla también una modificación a la Ley de Desarrollo Urbano de Baja California mediante la incorporación de un nuevo artículo 3 BIS.
Con esta modificación se pretende establecer criterios más claros para combatir el crecimiento urbano desarticulado, uno de los problemas que durante años ha generado dificultades de movilidad, servicios públicos e infraestructura en diferentes municipios del estado.
La iniciativa contempla que los planes de desarrollo urbano incorporen principios de equidad, inclusión, sustentabilidad ambiental y resiliencia ante riesgos.
También plantea incorporar de manera obligatoria la perspectiva de género y la accesibilidad universal dentro de la planeación territorial.
Prioridad para peatones y ciclistas
Otro de los puntos de la propuesta es modificar el modelo tradicional de movilidad centrado principalmente en el automóvil.
La iniciativa busca fortalecer la infraestructura peatonal y ciclista, además de proteger los espacios públicos y evitar que terrenos destinados al uso comunitario desaparezcan ante proyectos particulares.
También establece medidas para proteger áreas de conservación ambiental y terrenos considerados de alta calidad agropecuaria.
Sánchez Allende sostuvo que las ciudades deben desarrollarse pensando primero en las necesidades de las personas y no únicamente en los intereses relacionados con el mercado inmobiliario.
Reforma cambiaría reglas de desarrollo urbano
Al tratarse de una modificación constitucional, la iniciativa tendría efectos directos sobre futuras políticas y programas de desarrollo urbano en Baja California.
La propuesta también pretende armonizar la legislación estatal con disposiciones federales y principios internacionales impulsados por ONU-Hábitat relacionados con ciudades sostenibles, accesibles e incluyentes.
De avanzar la reforma, los gobiernos estatal y municipales tendrían mayores obligaciones jurídicas para garantizar acceso equitativo a servicios públicos, vivienda, movilidad y espacios urbanos adecuados.