La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso una multa severa a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) tras detectar que sus plantas tratadoras funcionaban de manera deficiente, permitiendo la descarga de miles de litros de aguas negras sin tratar en arroyos locales. Estas corrientes contaminadas desembocan directamente en las playas del Océano Pacífico, afectando la calidad ambiental y la salud pública. La inspección federal reveló la preocupante incongruencia de una paraestatal que, mientras exige a los ciudadanos el pago puntual por el suministro y tratamiento del agua, falla en cumplir con su propia responsabilidad ambiental. Este caso no solo pone en entredicho la gestión operativa de la CESPT, sino que evidencia un desprecio por la protección del ecosistema costero, escenario fundamental para la recreación y el turismo local. La multa impuesta busca, al menos en términos formales, corregir las fallas y evitar futuras descargas contaminantes, aunque la ciudadanía tendrá que seguir observando si estas medidas realmente generan cambios o quedan en simples llamados administrativos.