Buscan evitar que los daños paralicen las escuelas
Corral Quintero señaló que el derecho a la educación no depende únicamente de los programas académicos o del personal docente, sino también de que los planteles cuenten con instalaciones seguras y funcionales.
En Baja California, explicó, diversas escuelas han sufrido robos de equipo, daños en sistemas eléctricos e hidráulicos y actos vandálicos que han obligado a suspender actividades durante semanas e incluso meses.
La iniciativa plantea que la Autoridad Educativa Estatal, en coordinación con otras dependencias, identifique los principales riesgos y diseñe estrategias permanentes para prevenirlos y atenderlos.
Prevención y respuesta más rápida
El proyecto contempla establecer mecanismos para evaluar riesgos, atender daños de manera oportuna y mejorar la coordinación entre las instituciones responsables.
También prevé que puedan utilizarse herramientas administrativas, financieras o presupuestarias disponibles para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.
El objetivo es evitar que los procedimientos administrativos para reparar una escuela terminen afectando durante largos periodos a estudiantes y docentes.
Sin crear nuevas estructuras administrativas
La diputada aclaró que la iniciativa no obliga al Gobierno del Estado a contratar seguros ni establece un gasto específico.
El planteamiento consiste en incorporar un principio rector dentro de la Ley de Educación de Baja California, dejando a las autoridades definir cuáles serán las herramientas técnicas y financieras más adecuadas para aplicarlo.
La implementación sería progresiva y con cargo a los presupuestos ya autorizados para las dependencias correspondientes, sin crear nuevas estructuras administrativas ni generar gastos extraordinarios.
De aprobarse, la reforma establecería una política permanente para fortalecer la seguridad, capacidad de respuesta y continuidad operativa de los planteles educativos en Baja California.
Corral Quintero señaló que el derecho a la educación no depende únicamente de los programas académicos o del personal docente, sino también de que los planteles cuenten con instalaciones seguras y funcionales.
En Baja California, explicó, diversas escuelas han sufrido robos de equipo, daños en sistemas eléctricos e hidráulicos y actos vandálicos que han obligado a suspender actividades durante semanas e incluso meses.
La iniciativa plantea que la Autoridad Educativa Estatal, en coordinación con otras dependencias, identifique los principales riesgos y diseñe estrategias permanentes para prevenirlos y atenderlos.
Prevención y respuesta más rápida
El proyecto contempla establecer mecanismos para evaluar riesgos, atender daños de manera oportuna y mejorar la coordinación entre las instituciones responsables.
También prevé que puedan utilizarse herramientas administrativas, financieras o presupuestarias disponibles para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.
El objetivo es evitar que los procedimientos administrativos para reparar una escuela terminen afectando durante largos periodos a estudiantes y docentes.
Sin crear nuevas estructuras administrativas
La diputada aclaró que la iniciativa no obliga al Gobierno del Estado a contratar seguros ni establece un gasto específico.
El planteamiento consiste en incorporar un principio rector dentro de la Ley de Educación de Baja California, dejando a las autoridades definir cuáles serán las herramientas técnicas y financieras más adecuadas para aplicarlo.
La implementación sería progresiva y con cargo a los presupuestos ya autorizados para las dependencias correspondientes, sin crear nuevas estructuras administrativas ni generar gastos extraordinarios.
De aprobarse, la reforma establecería una política permanente para fortalecer la seguridad, capacidad de respuesta y continuidad operativa de los planteles educativos en Baja California.