5 de junio de 2026. REFUERZA CONGRESO PROTECCIÓN A VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL EN BAJA CALIFORNIA El Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Penal de Baja California para fortalecer la protección de las víctimas de abuso sexual, cerrar espacios de impunidad y establecer con mayor claridad que el silencio, el miedo o la falta de resistencia física no pueden interpretarse como consentimiento. El dictamen número 14 de la Comisión de Igualdad de Género fue avalado por el Pleno del Congreso y deriva de iniciativas presentadas por las diputadas Liliana Michel Sánchez Allende y Dunnia Montserrat Murillo López. Con esta modificación legal, el consentimiento libre y expreso se convierte en un elemento central para determinar la existencia de una agresión sexual. La reforma establece que cuando existan amenazas, violencia, intimidación, engaño, abuso de poder o una situación de vulnerabilidad, el acto deberá ser considerado abuso sexual. Uno de los puntos más relevantes de la reforma es la protección reforzada para niñas, niños y adolescentes, al establecer que ninguna persona menor de 18 años puede otorgar consentimiento para actos de carácter sexual. En estos casos, las penas podrán ir de 8 a 13 años de prisión. Para víctimas mayores de edad, la sanción prevista será de 3 a 10 años de cárcel, dependiendo de las circunstancias del caso. La reforma también amplía la definición legal de abuso sexual, al incluir conductas como tocamientos, roces corporales y la exhibición forzada del cuerpo con fines sexuales. Además, se crea el nuevo tipo penal denominado “Exhibicionismo Corporal”, con el propósito de evitar interpretaciones ambiguas que anteriormente podían dificultar la sanción de estas conductas. Otro avance importante es que el abuso sexual será perseguido de oficio, por lo que las autoridades estarán obligadas a investigar de inmediato, aun cuando la víctima no presente una denuncia formal. La medida también contempla atención psicológica especializada y reparación integral del daño para quienes hayan sido víctimas. El decreto contempla agravantes cuando el delito sea cometido por varias personas, contra mujeres embarazadas, personas en condición de vulnerabilidad o por razones relacionadas con identidad de género. Asimismo, cuando el abuso sexual sea cometido por personas servidoras públicas, profesionistas o ministros de culto que aprovechen su cargo, función o posición de autoridad, podrán recibir sanciones más severas, incluida la inhabilitación inmediata, además de las penas de prisión correspondientes. La diputada Michel Sánchez Allende señaló que esta reforma representa un paso firme para impedir que los vacíos legales continúen beneficiando a los agresores, al homologar la justicia estatal con estándares nacionales y reforzar la obligación del Estado de investigar y sancionar este tipo de delitos. Con esta aprobación, Baja California fortalece su marco jurídico en materia de violencia sexual y envía un mensaje claro en favor de las víctimas: ninguna agresión debe justificarse por el silencio, el miedo o la falta de resistencia física. Mexicali, B.C., viernes