La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acumula más de 300 días funcionando con una integración incompleta, situación que ha encendido las alarmas entre analistas jurídicos y legisladores de la franja norte del país. La falta de acuerdos en el Senado de la República para designar a los magistrados pendientes de nombramiento genera importantes dudas sobre la capacidad del tribunal para resolver impugnaciones, juicios de derechos político-electorales y validar comicios locales, especialmente en entidades fronterizas que suelen vivir procesos electorales complejos y de alta relevancia. Colegios de abogados en estados como Baja California y Nuevo León no solo han expresado su preocupación, sino que han emitido un pronunciamiento público en el que exhortan a los grupos parlamentarios a acelerar los nombramientos. De no resolverse pronto, esta situación compromete la estabilidad institucional de los órganos jurisdiccionales en materia electoral, poniendo en jaque la confianza ciudadana en los procesos democráticos. Mientras tanto, el Senado parece instalado en el arte de la procrastinación, privando a un tribunal fundamental de su capacidad plena para actuar con la celeridad y legitimidad que el contexto electoral demanda.