En un giro inesperado, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California revirtió un acuerdo anterior de la Unidad de lo Contencioso del Instituto Estatal Electoral y ordenó abrir una investigación formal contra la senadora con licencia Julieta Ramírez Padilla. La instrucción va dirigida al Consejo General para que evalúe si la utilización de su imagen y la colocación de propaganda pueden considerarse promociones personalizadas o actos anticipados de campaña, acciones prohibidas dentro del marco normativo electoral local.

Este nuevo paso pone en relieve la sensibilidad y rigurosidad con la que las autoridades electorales del estado vigilan las conductas políticas previas a los procesos comiciales. Sin embargo, también subraya la aparente indecisión inicial en el manejo del caso, ya que la Unidad de lo Contencioso había desestimado previamente la necesidad de investigación.

Ahora, con la orden del Tribunal, se abre un nuevo capítulo que obligará a la senadora Ramírez a enfrentar un proceso que podría clarificar si simplemente estaba adelantando su imagen en redes y espacios públicos o si, por el contrario, estaba quebrantando las reglas de equidad electoral. La polémica está servida y la maquinaria de la justicia electoral ya no puede hacerse de la vista gorda.